SAG entregó en comodato a Fedefruta, estas tierras de la “Reforma Agraria”
Publicación original de cambio21.cl
17 noviembre 2020
A propósito del comodato del SAG a la federación de productores de Frutas (Fedefruta). Por Oscar Osorio Valenzuela, Sociólogo
Una de las consecuencias más atroces y perversas que tuvo para los campesinos y comunidades indígenas involucradas en el proceso de Reforma Agraria, tras el golpe de Estado de 1973, fue la venganza de los antiguos patrones o dueños de Fundos, que utilizaron tanto a fuerzas de Carabineros como a militares para castigar a quienes quisieron cambiar su vida de inquilinaje, explotación y exclusión. Así, la muerte, disfrazada de orden, patria y libertad, recorre diversas localidades y sectores rurales del país, dejando tras su paso un reguero de dolor, masacres y exterminios que afectaron a familias humildes, a dirigentes y miembros de las organizaciones sociales y productivas (asentamientos, sindicatos, comités, cooperativas, etc.) La vergüenza y la ignominia estampan su firma en Laja, Lonquén, Mulchén, Fresia, San Rosendo, Fresia, Paine, Cauquenes, Chillán, Panguipulli, por nombrar solo algunas de estas localidades.
Por supuesto que la mayoría de los civiles y militares involucrados en estos hechos de sangre, han quedado impunes. Recién ahora, por ejemplo, luego de 47 años de ocurridos los hechos, la justicia ha dictaminado sentencia para unos militares y carabineros que asesinaron (coludidos con civiles) a 38 campesinos de Paine. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel, rebajó considerablemente las penas que la jueza había dictaminado (entre las cuales habían cadenas perpetuas para 4 militares), quedando las penas reducidas a 15 años y 5 años de reclusión. Es decir, la justicia además de lenta, realiza prescripciones a delitos de lesa humanidad, que son justamente imprescriptibles.
Traigo a colación este comentario, a propósito de una noticia que apareció en estos días en los medios, respecto que el Gobierno ha dispuesto el traspaso en comodato, por 25 años, del predio El Ala, que es parte de 460 hectáreas del Fundo San José de Bellavista, ubicado en el límite de las comunas de San Nicolás y Chillán, y que pertenece al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para implementar en Chile una granja China. Es decir, evaluar factibilidad de desarrollar productos de ese país en Chile y posteriormente exportarlos.
Lo primero que hay que decir, que estos terrenos no son propiedad el SAG. Se trata de predios que por diversas razones de la burocracia y normativa de nuestro Estado, no alcanzaron a ser entregados formalmente a los campesinos asentados. Recordemos que la contrarreforma agraria, aquel tinglado de leyes que la dictadura implementó para borrar todo vestigio de Reforma Agraria. E incluso, una vez derrotada en las urnas en el plebiscito de 1988, en enero de 1989, dejó derogada definitivamente la Ley Nº 16.640 de Reforma Agraria. También es importante destacar que a partir de septiembre 1973, la CORA fue reemplazada por ODENA (Oficina de Normalización Agrícola) para que se encargara de la devolución de los predios y la asignación a los campesinos dependiendo de evaluaciones políticas. Más tarde esta tarea y la mantención del catastro de las tierras y de las aguas, se le entregó al organismo general de regulación de la actividad agrícola, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
Lo que llama la atención es que de las hectáreas que el SAG ha venido “regularizando”, (alrededor de un millón), en la mayoría de los casos no han beneficiado a campesinos reformados. Sus solicitudes no han sido escuchadas y ahora, paradojalmente, entrega en comodato “tierra expropiada, reformada” que quedó en situación inconclusa en virtud del ordenamiento normativo del Estado, en circunstancias que dirigentes campesinos habían logrado, en el gobierno anterior, que estas tierras de la “Reforma Agraria” del Fundo San José de Bellavista” tuviesen un destino para implementar proyectos agroecológicos en esta cuenca del Valle del Itata. Tanto así, que desde el SAG se le entregó esta misma tierra al INDAP para implementar estos proyectos ambientales.
Fedefruta, organización gremial de productores de frutas, tiene todo el derecho para implementar proyectos, pero en otras tierras de su propiedad, que deben ser muchas, no en estas que no solo están asociadas al inconcluso proceso de reforma agraria, sino que tanta tragedia trajeron a los campesinos involucrados en el proceso.
